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DEMOCRACIA
JUDICIAL
Antonio
García V. 04.08.2013
Sin
justicia no existe democracia.
Los jueces
son los únicos responsables de impartir justicia. Cuando
no lo hacen el crimen y la corrupción destruyen la
democracia.
Cada vez
que el poder judicial se abstiene de impartir justicia está
incitando al ciudadano a tomarla por propia mano.
La impunidad
multiplica, fomenta y hace incontenible la corrupción.
La impunidad
convence al ciudadano que el mejor negocio es la corrupción,
porque es más rentable que cualquier otro y no supone
riesgo alguno.
Impunidad
y corrupción son baobab que es preciso arrancar una
y otra vez,
incansablemente, porque de no hacerlo sus raíces destruyen
del todo la democracia.
El corrupto
debe ser inhabilitado de por vida para el ejercicio de cargos
públicos.
Los altos
funcionarios del estado, así como jueces y congresistas
involucrados en hechos de corrupción deben ser procesados
incluso cuando están en ejercicio de sus funciones,
los lapsos procesales en los juicios que los afecten deben
ser reducidos en un cincuenta por ciento y los plazos de prescripción
y las multas y castigos deben duplicarse, de modo que para
ellos la justicia sea doblemente expedita, dura y ejemplarizante.
La justicia
tiende a ser dura con el pobre e infinitamente tolerante con
el poderoso. Contribuye así a aumentar la discriminación
y la desigualdad. El solo hecho de que un juez haya sentenciado
con mayor dureza al débil que al poderoso debe ser
causal suficiente para su destitución e inhabilitación.
La prevaricación, la desidia y la tolerancia con el
poderoso deben ser castigados con cárcel para el juez
y sus cómplices.
Todo aquel
que contribuya directa o indirectamente a procurar impunidad
debe ser castigado con cárcel.
Ni las
empresas ni las personas tienen derecho a llegar a acuerdos
con el estado para evitar recibir el castigo que la ley establece
para los crímenes que hayan cometido.
En caso
que las empresas lleguen a acuerdos entre sí que permitan
que los delitos que una de ellas haya cometido queden impunes,
el estado está obligado a hacerse parte de la demanda
original hasta lograr la condena del delincuente.
Los directores
de las empresas deben pagar de su propio peculio al menos
el 50% de las multas y acuerdos extrajudiciales que se deriven
para ellas de su conducta delictiva y deben pagar con cárcel
en caso de reincidencia.
(Ver ensayo “Acuerdos Ilegales”)
Antonio
García V. (a) Darío Varela
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