|
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, INSTRUMENTO DE IMPUNIDAD
Antonio García V.
24.08.2015
El ex Subdirector del SII, Cristián Vargas, denunció que la unidad de Grandes Contribuyentes le negó información esencial para querellarse contra delincuentes.
El ministro Marcelo Díaz, abusando de la tribuna diaria que le pagan todos los chilenos, acusó a Vargas de no haber hecho sus denuncias cuando aun el SII no lo expulsaba por pretender castigo para los corruptos.
Vargas recordó al abusador ministro que siendo Subdirector del SII hizo las mismas denuncias que hace ahora que ha sido expulsado.
En Marzo 2015, Marisa Navarrete, ex abogada del Servicio de Impuestos Internos afirmaba que: “El SII está obstaculizando la investigación de la Fiscalía” y que la Unidad de Grandes Contribuyentes se destaca por esconder información.
A pesar que la Fiscalía y la opinión pública exigen al #SII actuar contra los delincuentes, éste se abstiene de hacerlo porque la política de impunidad a los corruptos para proteger al presidente, implementada por los ministros Burgos y Valdés, coincide con la exitosa política empleada el 2003 para proteger al gobierno de Ricardo Lagos, que se ahogaba en corrupción.
En ambas ocasiones la idea no ha sido castigar la corrupción y con ello disuadirla. Muy por el contrario, ha sido otorgar impunidad y que siga la fiesta que permite a los líderes políticos recibir ingresos complementarios a los altos sueldos y dietas que se les pagan.
En los países, que éste no es un país, los denunciantes reciben un porcentaje de los beneficios que las denuncias producen al estado.
En USA, el Acta de Protección de Denunciantes cuida a quienes denuncian la conducta ilegal de personas o instituciones. La ley consagra los derechos de la persona que hace acusaciones cuando considera que existe evidencia razonable de violación de una ley, norma o reglamento; dilapidación de fondos; abuso de autoridad; peligro a la salud o la seguridad e incluso graves errores de administración o gerencia.
En ese país un organismo de gobierno viola la Ley de Protección de Denunciantes si sus autoridades toman o amenazan tomar represalias en contra de cualquier empleado o de terceros por la divulgación de información que el empleado o el denunciante haya hecho pública.
Pero no es suficiente dar protección al denunciante, también es necesario darle participación en los resultados de sus denuncias, de modo que su esfuerzo y riesgo tengan compensación, porque detrás del heroísmo del denunciante existe un enorme sacrificio personal.
En USA existe además la ley Numero 3730 de "Acción Civil por Declaraciones Falsas". Esta ley permite que cualquier ciudadano, al que se llama "relator", demande o desarrolle acciones legales en representación del gobierno. Estas acciones en las que una persona natural actúa en representación del gobierno se denominan genéricamente "qui tam", del latín "yo también".
El "relator" actúa de pleno derecho, por lo que se considera que es el propio gobierno, y no el "relator" quien desarrolla la actuación legal. Y si el gobierno gana el juicio, el "relator" recibe parte de los beneficios .
Gracias a esta ley, la sociedad, para defender sus intereses ya no depende del capricho o la honorabilidad de sus gobernantes: cualquier ciudadano puede asumir la defensa de la colectividad y romper así la corteza política que impide que se haga justicia y que exista equidad, y que genera un clima de impotencia y frustración que es nocivo para la democracia.
Tenemos mucho que aprender y mucho que legislar, aunque mal se puede esperar que lo hagan nuestros insaciables parlamentarios.
Antonio García Varela, escritor, ingeniero
Antonio
García V. (a) Darío Varela
|